Si bien en general evitamos comentar notas de
prensa sin la debida confirmación de los antecedentes, en esta oportunidad haremos
una excepción respecto a un par de noticias llamaron la atención de quien
escribe (durante los primeros días de diciembre de 2018).
La primera nota, del domingo 9 de diciembre,
señala que existe preocupación por el tendido eléctrico en las cercanías del
aeropuerto El Tepual de Puerto Montt, zona sur de Chile, con grandes
extensiones de vegetación nativa. Se indica que los cables pasan muy cerca de
las arboledas al costado del camino, que el peligro tiene relación con una
eventual caída de árboles, y además esto sería una “pésima imagen para el
turismo”. El gerente de la compañía distribuidora eléctrica de la zona manifiesta
que se preocupan de los despejes necesarios y disponibilidad para solucionar problemáticas,
y desde la Seremi de Energía dicen que “lo
mejor sería el soterramiento de los cables, como se ha hecho en otros
puntos del país, pero que se trata de un trabajo
a largo plazo”.
La segunda nota, del miércoles 14, comienza
indicando que la ocurrencia de incendios forestales en La Araucanía, también al
sur del país y con extensa vegetación nativa y de cultivos, ha disminuido en un
51% respecto al año anterior. La noticia, que recoge la presentación de una
autoridad de la Conaf en el marco de una sesión de prevención de incendios
forestales, entrega datos de cantidad de incendios en las dos provincias que
conforman la región, y cantidad de hectáreas afectadas. Se indica luego que para
la prevención se han incrementado los recursos en un 23%, lo que permitiría
aumentar la dotación de personal técnico. Adicionalmente, se hace referencia a
las aeronaves disponibles y que se requiere intensificar las labores
preventivas dado que se espera un verano más seco.
Para contextualizar en lo referente a incendios
forestales, recordemos que en los últimos años han habido al menos 3 grandes incendios,
que han cobrado vidas humanas, pérdida de especies arbóreas milenarias, y daños
y pérdidas de bienes de las personas (recuerdos, muebles, herramientas y
maquinaria de trabajo):
- China Muerta en marzo de 2015
- Valparaíso en abril de 2016
- Regiones Maule y O’Higgins en enero de 2017, con la destrucción del pueblo de Santa Olga (varios incendios simultáneos)
Si bien las causas de los incendios son
diversas, no se puede descartar a la interacción entre líneas eléctricas y
vegetación como una de ellas. El reglamento Eléctrico de Corrientes Fuertes
(conocido como NSEG 5 En 71), dispone que “Los árboles que están en la
proximidad de líneas aéreas en conductor desnudo deben ser o bien derribados o
bien podados suficientemente para no
exponer esas líneas a un peligro”. Estos peligros asociados pueden generar
diversas consecuencias:
La caída de un árbol puede llegar a
cortar un conductor o derribar una estructura, ante lo cual normalmente las
protecciones de los alimentadores desconectarán la línea, interrumpiendo el
suministro.
Una rama seca que caiga sobre la
línea podría provocar una corriente de falla elevada, fase-tierra o fase-fase, con
la consiguiente actuación de las protecciones.
Una caída de árbol que en lugar de
derribar la estructura produzca algún grado de deformación de ésta, podría dejar
la línea en una condición de peligro por baja altura de conductores
energizados. El contacto.
Sin embargo, un potencial incendio
estaría asociado a una condición en que las ramas hacen un contacto no muy
efectivo, con corrientes relativamente bajas, típicamente sobre los 0,5 A (amperes),
que no son detectadas por las protecciones eléctricas, pero suficientes como para ir
secando el árbol en forma paulatina, y luego de un tiempo iniciar una ignición.
Surgen entonces algunas preguntas obvias: Hemos
aprendido de las aciagos hechos anteriores? Hemos tomado todas las acciones
razonables para que esto no vuelva a repetirse?
Por de pronto, la segunda noticia, que relata
la existencia de mesas de coordinación, mayores recursos para aumento de
dotación destinada a actividades de prevención, y equipamiento para combate de
incendios, esperándose que se implementen adecuados programas de mantenimiento
y logística para que las aeronaves se encuentren operativas en caso de requerirse,
y la tendencia a la baja en las estadísticas, al menos en una región sensible
del país, parecen ir en la dirección correcta.
Sin embargo, la primera noticia, y en especial
la respuesta entregada desde la autoridad de Energía, es altamente preocupante.
En efecto, esta repartición pública, bajo cuya dependencia administrativa se
encuentra la SEC o Superintendencia de Electricidad y Combustibles, al hablar
de soluciones de largo plazo consistentes en soterramiento de cables, que a
estas alturas parece una respuesta de manual dada repetitivamente cada vez que
se producen interrupciones prolongadas de suministro en distribución eléctrica,
parece desconocer que las disposiciones reglamentarias, y en especial las
relacionadas con la seguridad de las personas, no pueden estar sujetas a un
análisis de costos y aprobación de presupuestos. Correcto sería instruir que
mientras se toman medidas de fondo, al menos se implemente un procedimiento de
monitoreo constante de todos los puntos de preocupación, se efectúen podas y
roces en la mayor extensión posible, y se reemplace conductor desnudo por
protegido, que sin eliminar el peligro de inicio y propagación del fuego,
reduce las probabilidades de siniestros a casos más puntuales.
Otra materia que no queda despejada, es si
existe alguna responsabilidad en caso de producirse este tipo de eventos.
Lamentablemente, parece que ésta se diluye entre entidades como la SEC, CONAF,
ONEMI, Municipalidad, y empresa de distribución, lo que termina siendo el
escenario perfecto para que cada uno presente sus descargos correspondientes.
Hace un tiempo, tras el mega terremoto de 2010, ya se había hablado acerca de
una profesionalización de los servicios de emergencia, y que éstos no dependan
del poder político de turno. Mantener el grado de improvisación actual, con
medidas útiles pero que no atacan el problema de fondo, no tiene otro nombre
que indolencia por parte del Estado respecto a eventos de alto impacto para la
población y el medio ambiente, que dado que al parecer la constante de tiempo
en que caen en el olvido es inferior a los periodos eleccionarios, no son
atendidos de una forma integral.
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